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Los créditos al consumo están regulados por la Ley 7/1995, de 23 de marzo.

La Ley se aplica a los contratos en los que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad, como empresario, concede o se compromete a conceder a un consumidor, un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier forma equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional.

Los objetivos de esta Ley son:

  • Proteger al consumidor
  • Evitar y controlar la publicidad engañosa
  • Establecer la información mínima a facilitar a los consumidores en las operaciones crediticias
  • Posibilitar la nulidad de los contratos de préstamo en determinados supuestos

Antes de firmar, el consumidor tiene derecho a pedir un folleto informativo con las condiciones del crédito que se le ofrece, que tendrán una validez de 10 días.

El contrato deberá formalizarse necesariamente por escrito y la entidad entregará copia al consumidor, en la que conste el TAE o, en su caso, el interés nominal y los gastos totales de la operación, el número y periodicidad de las cuotas del préstamo, así como las condiciones en las que se podrán modificar las condiciones pactadas.

Está prohibido cobrar al consumidor intereses abusivos, en el caso de descubiertos en cuenta corriente (que no sean de tarjeta de crédito), y se entiende que un interés es abusivo cuando supera 2,5 veces el interés legal del dinero, vigente en el momento en el que se produce el descubierto.

Los créditos al consumo están vinculados a la suerte de los principales contratos: es decir, que si compramos un televisor y lo pagamos mediante un crédito al consumo, este último quedará anulado si la compra del televisor se anula como consecuencia de un defecto del aparato. En este caso, por tanto, el consumidor no está obligado a pagar las cuotas pendientes del crédito.

Sin embargo, no conviene dejar de pagar, sino que es necesario comunicar a la entidad financiera las circunstancias del caso para anular el crédito solicitado para comprar el bien de consumo.

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